Retos y oportunidades en la gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos en el sector financiero colombiano

Con la Circular Externa 015 de 2025, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) marca un punto de inflexión en la regulación y supervisión de la gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos (AS y C). Lo que antes se limitaba a lineamientos voluntarios, como los establecidos en los documentos técnicos de la SFC para establecimientos de crédito y aseguradoras, u obligatorios pero dirigidos a ciertas entidades y áreas específicas, como la divulgación de información por emisores de valores, ahora se transforma en un sistema obligatorio de administración de los riesgos AS y C para todas las entidades financieras y lineamientos especiales en operaciones de crédito.

A partir de esta normativa, las entidades deben implementar políticas y procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos AS y C en sus productos, servicios y operaciones, incluyendo inversiones, como parte esencial del modelo de negocio y de la situación financiera de las entidades supervisadas. El objetivo es anticipar y mitigar impactos potenciales en el medio ambiente, la sociedad y los riesgos financieros y no financieros.

¿Qué significa esto en la práctica? Por ejemplo, una entidad que financia la construcción de una planta de energía debe evaluar los riesgos AS y C como la afectación de fuentes hídricas, el impacto de las emisiones sobre la calidad del aire y la biodiversidad, así como la vulnerabilidad del proyecto frente a eventos climáticos extremos. Si se identifican estos riesgos, la entidad debe implementar medidas para mitigarlos, incluyendo la verificación de la existencia y correcta implementación de las acciones de manejo ambiental previstas en la licencia o permiso correspondiente.

Es de resaltar que, la gestión de estos riesgos se basa en los principios de proporcionalidad y relevancia. El primero exige que cada entidad adapte sus procesos a la información disponible, su tamaño y complejidad; el segundo permite excluir de la gestión productos o servicios con baja exposición a riesgos AS y C, siempre que se defina y documente un umbral de materialidad.

Por ejemplo, un banco que financia actividades en sectores como infraestructura o energía, donde la exposición a riesgos AS y C es alta, puede incorporar en sus políticas lineamientos específicos para gestionar de manera más focalizada dichos riesgos. Por otra parte, una entidad que otorga créditos a personas naturales podría enfocar sus políticas en la gestión de los riesgos sociales asociados a los territorios donde residen sus clientes y, de manera proporcional, analizar si es necesario incluir medidas para riesgos ambientales y climáticos (AC), considerando que en estos productos la exposición a los riesgos AC puede ser menor. En este sentido, cada entidad debe analizar su operación, documentar sus decisiones y aplicar metodologías proporcionales, justificando la exclusión de productos y servicios de baja exposición a riesgos AS y C y enfocando la gestión en los de mayor impacto.

Esta flexibilidad implica un desafío, especialmente para las entidades más pequeñas o con menor experiencia. Por ello, la colaboración entre el sector público y privado será fundamental. El papel de la SFC como regulador y supervisor será esencial para recopilar y analizar información sobre las prácticas, políticas y procedimientos que adopten las entidades para identificar oportunidades de mejora y desarrollar lineamientos técnicos que unifiquen criterios y consoliden estándares para acelerar el aprendizaje colectivo y facilitar la definición de los umbrales de materialidad por las entidades financieras. Este acompañamiento es especialmente relevante en la etapa inicial de implementación, donde persisten desafíos y dudas.

Por otro lado, la Circular se convierte en un punto de partida clave para la gestión de riesgos AS y C, al brindar a las entidades financieras colombianas la posibilidad de adoptar prácticas alineadas con estándares internacionales. Esto les permitirá reducir la exposición a pérdidas asociadas a estos factores, fortalecer su competitividad y facilitar el acceso a mercados y fuentes de financiamiento globales, donde tales lineamientos ya eran exigidos y su cumplimiento resultaba complejo ante la ausencia de una gestión de estos riesgos.

Si bien los retos son evidentes, las oportunidades son aún mayores, acceso a capital verde, desarrollo de productos financieros sostenibles y posicionamiento en el ecosistema global de finanzas sostenibles. En el mediano y largo plazo, estas prácticas fortalecerán la resiliencia del sistema financiero colombiano y lo prepararán para un entorno donde la sostenibilidad será indispensable.